Emprendedores, empresas micro, pequeñas, medianas, grandes y de regiones, se reunieron en inédita jornada de trabajo para compartir visión y elaborar propuestas comunes para avanzar en crecimiento inclusivo, inversión, generación de empleo de calidad y desarrollo sostenible. El material será puesto a disposición de candidatos presidenciales, la Convención Constitucional y el país en general.
No es acertado ni correcto decir que el empresariado esté en silencio y atrincherado en sus gremios en medio del debate constitucional. Esas son afirmaciones temerarias y que no corresponden a la realidad. El sector empresarial agrupado en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y todos los demás gremios del país están firmemente trabajando para hacer su aporte en la discusión de la nueva Carta Magna.
En la comuna de Tierra Amarilla, distante a 20 kilómetros al sureste de la ciudad de Copiapó en la Región de Atacama, están ubicadas las faenas productivas del Grupo Minero Carola-Coemin, liderada hace seis años por el Ingeniero Civil de Minas, Víctor Hugo Álvarez Ávalos, quien al asumir lo hizo con el claro objetivo de pasar a las grandes ligas de la producción minera nacional como es de mediana a gran minería y con una inversión al año 2026, de 380 millones de dólares aproximadamente.
Entre anuncios de que el gobierno de Pedro de Castillo promoverá un nuevo marco legal para la minería peruana, impulsando una nueva ley paraguas para regular el sector, así como una nueva legislación de regalarías, los industriales del sector observan con incertidumbre y confusión el panorama futuro de una de las actividades más importantes del país andino. “Hay una enorme preocupación respecto a las señales contradictorias que estamos enviando el gobierno.”, afirma Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo de Perú.
Emprendedores, empresas micro, pequeñas, medianas, grandes y de regiones, se reunieron en inédita jornada de trabajo para compartir visión y elaborar propuestas comunes para avanzar en crecimiento inclusivo, inversión, generación de empleo de calidad y desarrollo sostenible. El material será puesto a disposición de candidatos presidenciales, la Convención Constitucional y el país en general.
No es acertado ni correcto decir que el empresariado esté en silencio y atrincherado en sus gremios en medio del debate constitucional. Esas son afirmaciones temerarias y que no corresponden a la realidad. El sector empresarial agrupado en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y todos los demás gremios del país están firmemente trabajando para hacer su aporte en la discusión de la nueva Carta Magna.
En la comuna de Tierra Amarilla, distante a 20 kilómetros al sureste de la ciudad de Copiapó en la Región de Atacama, están ubicadas las faenas productivas del Grupo Minero Carola-Coemin, liderada hace seis años por el Ingeniero Civil de Minas, Víctor Hugo Álvarez Ávalos, quien al asumir lo hizo con el claro objetivo de pasar a las grandes ligas de la producción minera nacional como es de mediana a gran minería y con una inversión al año 2026, de 380 millones de dólares aproximadamente.
Entre anuncios de que el gobierno de Pedro de Castillo promoverá un nuevo marco legal para la minería peruana, impulsando una nueva ley paraguas para regular el sector, así como una nueva legislación de regalarías, los industriales del sector observan con incertidumbre y confusión el panorama futuro de una de las actividades más importantes del país andino. “Hay una enorme preocupación respecto a las señales contradictorias que estamos enviando el gobierno.”, afirma Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo de Perú.
