Hasta la Asociación Minera de Petorca llegó el vicepresidente de SONAMI, Luis Manuel Rodríguez, junto a la gerente general de la federación gremial, Carolina Vásquez, para abordar el impacto que tendrá la implementación de la Ley N°21.600 -que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas- en faenas mineras e incentivar la participación de los productores en la consulta pública disponible en el Ministerio de Medio Ambiente.
La instancia fue dirigida por el presidente de la Asociación Gremial Minera de Petorca, Héctor Fuentes, junto al equipo de SONAMI, y conto con la participación de casi 40 pequeños mineros provenientes de la zona, además de Cabildo y Putaendo.
En la oportunidad, el vicepresidente Luis Manuel Rodríguez señaló que “esta es una actividad muy relevante que está haciendo SONAMI para apoyar a sus socios con el fin de que no se vean afectados por la Ley N°21.600 y, de esta manera, poner en buen recaudo todas sus propiedades y las actividades que están realizando hoy en día”.
Rodríguez explicó que “este es un tema que se viene trabajando en la federación gremial desde hace un tiempo, sosteniendo reuniones con líderes gremiales y autoridades, con el fin de que este proceso logre un buen equilibrio”.
Tras el encuentro, el presidente de la Asociación Gremial Minera de Petorca, Héctor Fuentes, agradeció al equipo de la Sociedad Nacional de Minería por apoyar en la presentación de la ley y enfatizó en la importancia de ser parte del proceso que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente.
“Esperamos que esta conversación tenga sus frutos y la gente pueda participar, porque es el momento que tenemos para poder resaltar el impacto que tiene la definición de sitios prioritarios en el sector. Ahora el llamado es a unirnos y a levantar alarmas ante las iniciativas legales que se están discutiendo en el parlamento en materia minera”, indicó Fuentes.
SONAMI ha identificado un total de 301 instalaciones mineras ubicadas dentro de los sitios prioritarios: 62 en la macrozona norte y 239 en la macrozona centro. Por lo que ha pedido revisar las faenas que actualmente están en los sectores delimitados.
Respecto a las concesiones, hay más de 8.900 afectadas en total, con más de 4.200 solo en la macrozona norte. Esto podría generar restricciones significativas en las operaciones, mayores requisitos para obtener permisos sectoriales, e incluso se podrían ver obligadas a implementar costosas medidas de compensación ambiental.